Los dos principales industriales carboneros de España no han pagado las últimas nóminas a sus trabajadores, pese a que se han embolsado 367 millones de euros que, en buena parte, iban destinados a cubrir los salarios de sus mineros.
Así que el Gobierno les ha requerido toda la información financiera y contable sobre el destino de esas ayudas percibidas durante el último año y medio. No sólo de las ordinarias, sino de las indirectas que han recibido por la compra de carbón que el Estado realizó a través de la pública HUNOSA durante seis meses, cuando las térmicas –por la crisis y en otro pulso al Gobierno – dejaron de comprar carbón español, menos competitivo que el importado.
El Ministerio que dirige Miguel Sebastián quiere saber qué han hecho con esos 367 millones que han salido de las arcas públicas. De ellos, 346,7 millones han ido a parar a las empresas Uminsa y Coto Minero Cantábrico, de Alonso (que emplea a 2.200 personas) y el resto a Alto Bierzo y HBG, de Viloria (con sólo 400 obreros). Dejaron de pagar los salarios de julio y agosto alegando que nadie les compra carbón, de lo que responsabilizan al Estado y al que presionan para que se lo adquiera a pesar de que no se quema en las centrales térmicas desde hace año y medio.
El impago de salarios sacó a la calle a esos 2.600 mineros a principios de mes en León y Palencia. Cortes de carretera, más de 60 encerrados en dos pozos de Guardo y el Bierzo, cuatro mineros en huelga de hambre acampados ante las sedes de los empresarios en Ponferrada, y seis sindicalistas encerrados en el Ministerio de Industria en Madrid.
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